Bolivia: Defensoría del Pueblo alerta sobre vulneraciones de derechos en cárceles
La Defensoría del Pueblo de Bolivia advirtió sobre una crisis estructural en el sistema penitenciario, con hacinamiento severo, colapso sanitario y alto número de detenidos sin condena firme.
Fotografía aérea de un penal en Bolivia. Foto: EFE.
23 de agosto de 2026 Hora: 22:13
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La Defensoría del Pueblo de Bolivia alertó este domingo sobre graves vulneraciones de derechos humanos en los centros penitenciarios y carceletas provinciales del país, destacando un problema crítico de hacinamiento, insuficiencia de personal y colapso de los servicios sanitarios.
El Informe Anual 2025 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura detalla que la población carcelaria alcanzó las 33.058 personas, un incremento cercano al 100% frente a los 17.305 reclusos contabilizados en 2020.
Entre los principales hallazgos figura la sobrepoblación, que obliga a los reclusos a dormir en pasillos, sumada al retraso sistemático en el pago de los «prediarios», la pensión alimenticia de ocho bolivianos (unos 69 centavos de dólar) que reciben del Estado.
El reporte señala el colapso de pozos sépticos y sistemas de alcantarillado, escasez de agua, acumulación de residuos, falta de personal policial, ausencia de equipos multidisciplinarios y una limitada presencia de la defensa pública en las cárceles provinciales.
Además, más del 50% de las personas privadas de libertad carece de condena firme, situación que implica que el sistema está «operando como depósito humano, vulnerando sistemáticamente la presunción de inocencia», dijo la Defensoría.
La investigación también indica que el 60% de la población carcelaria femenina enfrenta procesos por delitos relacionados con sustancias controladas, con penas de entre 10 y 25 años. «En muchos casos, estas mujeres ocupan los eslabones más bajos y vulnerables de las estructuras del narcotráfico, como transportistas o ‘mulas’, y enfrentan penas que pueden oscilar entre 10 y 25 años», señala el documento.
Agrega que, hacia finales de 2025, se registraban unos 190 niños viviendo junto a sus madres en prisión sin una alimentación diferenciada o «prediario» asignado.
Ante la presencia de apenas 86 profesionales de la salud para la totalidad de la población penitenciaria, el estudio estima que el 90.64% de las muertes bajo custodia responden a enfermedades derivadas de la saturación y las precarias condiciones.
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El documento formula 14 recomendaciones orientadas a incrementar las jornadas de descongestionamiento judicial, fortalecer la atención a las reclusas con sus hijos y mejorar los mecanismos de reinserción laboral.
Autor: teleSUR - wh - DE
Fuente: Agencia
